ANTECEDENTES
La contraloría social como mecanismo institucional de participación ciudadana tiene su antecedente en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), implementado durante el sexenio 1988-1994 y que se enfocó en el combate de la pobreza, buscando dar respuesta a la población, por medio de la generación de infraestructura y prestación de servicios básicos; su aportación más importante fue en el ejercicio de los recursos públicos, debido a la descentralización y el rol de la sociedad organizada en ello.
Este programa incluyó la participación de los gobiernos municipales, los cuales, en coordinación con el orden estatal y federal, proporcionaban los apoyos a los beneficiarios de programas, que de manera organizada y voluntaria realizaban trabajos para el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad, propiciando un mecanismo social de vigilancia en la aplicación de los recursos y del comportamiento de los funcionarios públicos.
A nivel federal
La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 69, 70 y 71, reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
Así mismo, señala que se impulsará la Contraloría Social, facilitando el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de las funciones enumeradas en la misma ley.
La Contraloría Social a nivel Estatal.
La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Baja California Sur, señala en sus artículos 81 y 82, que la Contraloría Social es un órgano dependiente de la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, encargada de evaluar y vigilar a petición expresa, las acciones relativas a la distribución y aplicación de los recursos públicos a efecto de que se realicen con transparencia, eficacia y honradez. Además, indica que toda persona u organización de la sociedad civil podrá presentar ante la contraloría la denuncia por hechos, actos u omisiones, que produzcan o puedan producir daños en el ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley.
La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, señala a las Contralorías Ciudadanas o Social como mecanismo de participación ciudadana; definiéndola cómo el instrumento de participación de las ciudadanas y los ciudadanos que voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la Administración Pública Estatal y Municipal, para garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia del gasto público, de acuerdo con la legislación aplicable.
